Publicado por el día 8 abril, 2018

Reseña del libro: VV. AA. (2016). La Legislación del Segundo Imperio. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

VV. AA. (2016). The legislation of the second empire. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Eduardo Torres Alonso

Universidad Nacional Autónoma de México

Págs. 183-187

Recibido: 8 de diciembre de 2016.
Aprobado: 20 de julio de 2017.

La construcción del Estado mexicano resultó ser un proceso intricado, convulso y sangriento. Desde el encuentro entre los españoles comandados por Hernán Cortés y las poblaciones originarias, hace más de cinco siglos, en México se han presentado debates sobre la forma de gobierno y la organización del poder que debía existir, los cuales muchas veces han terminado en guerras intestinas e invasiones de potencias extranjeras. Los años del siglo XIX fueron definidores para estructurar un país federal y republicano como existe hasta la fecha. La lucha de los conservadores contra los liberales y la de los centralistas contra los federalistas dan cuenta de ello. Más aún, los intentos monárquicos fallidos: el primero, encabezado por Agustín de Iturbide apenas lograda la independencia nacional y, después, el efímero imperio de Maximiliano de Habsburgo. Ambos son muestra clara de la ausencia de consensos en torno a la idea fracturada de país, a la que hay que agregar las invasiones estadounidense y francesa.

La urgencia de establecer un gobierno estable y de rescatar a México del caos orillaron a un grupo de individuos a ver hacia Europa y solicitar la intervención del árbitro del mundo: Napoleón III, emperador de Francia. Ante la propuesta de los monarquistas mexicanos y su intención de establecer en América un gobierno adepto al suyo, que fuera un dique a Estados Unidos, país que emergía como una de las naciones más importantes y que amenazaba con engullirse el continente americano, Napoleón III consideró que el indicado para dicha empresa era un austriaco: Maximiliano de Habsburgo. Con esto, un grupo de nacionales le ofrecieron el trono de México en octubre 1863. Previa la satisfacción de algunos requisitos y la visita al Papa, Maximiliano abordo de la fragata Novara se dirigió al territorio de México.

Al celebrarse un año de la instalación del imperio, Maximiliano conmemoró la efeméride con nombramientos en su gabinete, la inauguración de obras, otorgamiento de indultos, entrega de condecoraciones y la expedición de una serie de documentos legislativos, de los que resaltaba el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano. De este cuerpo normativo da cuenta el libro La Legislación del Segundo Imperio, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En este texto, dividido en cinco secciones y en la que participan 19 académicos de distintas partes de México, se examinan los diferentes instrumentos legales vigentes durante el gobierno del imperio. Sin duda, su titular fue un legislador prolijo: la legislación producida entre 1863 y 1867 se recogió en ocho volúmenes impresos por Andrade y Escalante con el título Colección de Leyes, Decretos y Reglamentos que interinamente forman el Sistema Político, Administrativo y Judicial del Imperio.

La primera sección del libro, “El contexto internacional”, se encuentra integrada por los trabajos de Silvestre Villegas Revueltas y Raúl Andrade Osorio, titulados “Contexto internacional y problemas internos del Segundo Imperio en las Revistas Históricas de José María Iglesias. Una relectura de 1864” y “Aspectos histórico-jurídicos relevantes y las relaciones internacionales del Segundo Imperio”. Villegas abre la obra con un ensayo sobre las Revistas Históricas, órgano de comunicación del gobierno de la República que sirvió para dar a conocer a nacionales y extranjeros la situación por la que atravesaba el país. Debido a que las Revistas se publicaron y difundieron en las ciudades y poblados donde el gobierno itinerante de Benito Juárez despachó, su contenido las “hace un testigo documental” (p. 10) de las particularidades de los sucesos y de las decisiones de los actores.

El trabajo de Andrade Osorio es un análisis, desde la historia y la ciencia jurídica, de las normas en materia internacional de Maximiliano, que se inicia con los convenios suscritos antes de que él fuera emperador y hasta el término de su gobierno. Entre los primeros se encuentran, en protocolo, Points pour l´accomplissement du projet, firmado entre Juan N. Almonte y Maximiliano en enero de 1862, en el que se hizo un cálculo del número de efectivos militares necesarios para sostener a la monarquía; el contrato entre el conde François Zichy, George Edward Seymour y José Velázquez de León, firmado en marzo de 1864, que consistía en un contrato crediticio entre un banco británico (Banco Real de Escocia) y el entonces príncipe austriaco; el Tratado de Miramar, suscrito un mes después, que se refería al apoyo de Francia para mantener el gobierno imperial mexicano, y el Tratado sobre la estadía de las tropas francesas en México, también de marzo, que dispuso que las tropas galas, integrantes de la legión extranjera, serían de 25 mil hombres, reservando la superioridad del mando de las tropas a Francia. Entre los documentos vigentes durante el Segundo Imperio resaltan: la Convención de Viena (octubre de 1864), el Tratado César-Danó (27 de septiembre de 1865) y la Convención sobre el modo de pagar las reclamaciones de súbditos británicos entre el imperio de México y la Gran Bretaña (27 de octubre de 1866). Todas estas obligaciones establecían, con claridad, la sumisión de las autoridades imperiales a intereses extranjeros. La soberanía del naciente imperio era inexistente.

En la segunda sección, “Aspectos generales de la legislación del Segundo Imperio”, Patricia Galeana examina la naturaleza, contenido y “espíritu” del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, integrado por 18 títulos y 81 artículos. El Estatuto no es una Constitución, sino un documento preconstitucional para organizar al gobierno e, incluso, para que el gobernado se protegiera frente a las arbitrariedades de la autoridad, como se establece en el capítulo sobre las garantías individuales, que ya existían en la Constitución de 1857. Con esta incorporación de las garantías, se confirma el liberalismo del emperador, más próximo a las ideas de Juárez que a las de la iglesia católica mexicana conservadora de la época. En el Estatuto se menciona la forma de funcionamiento del imperio: se gobernaría por medio de un Ministerio (integrado por nueve departamentos), existiría un Consejo de Estado y se dividía al territorio nacional en 50 departamentos.

Por su parte, Carlos Becerril Hernández hace un estudio sobre el sistema tributario de la monarquía, que cobró forma por medio de las diversas leyes, reglamentos, avisos, circulares, decretos, aclaraciones y providencias expedidos. El objetivo fue claro: obtener recursos para sostener al gobierno. El Ministerio de Hacienda sería el instrumento que cohesionaría y haría operativa la parte sustantiva de la tributación. La naturaleza del pago de los impuestos para la población mexicana fue doble: como derecho y como obligación. De igual manera, se establecieron medios de defensa, por la vía administrativa, para solucionar conflictos resultantes de las contribuciones y sancionar los ilícitos vinculados a estas. Se estableció un Tribunal de Cuentas encargado de vigilar la adecuada administración de los impuestos. El autor sostiene que “los contribuyentes encontrarían en la estructura institucional del sistema tributario imperial la certidumbre y certeza jurídica que no había podido hallar en épocas anteriores” (p. 131). Como nota final de este capítulo, conviene señalar que el Estatuto dedicó cinco de sus artículos a la materia tributaria: 59 (derecho de los habitantes del Imperio a disfrutar de los derechos y garantías, así como la obligación del pago de impuestos), 72 (sobre la generalidad y anualidad de las contribuciones), 73 (legalidad del cobro de impuestos), 74 (establecimiento de impuestos municipales) y 75 (sobre las exenciones).

Asimismo, José Antonio Gutiérrez expone en su capítulo la Ley de Instrucción del Segundo Imperio, expedida en diciembre de 1865, la cual señala que la educación debía ser “laica y accesible para todos” (p. 154) y la filosofía sería la columna vertebral de las enseñanzas, ya que ella permitiría a los educandos ejercitar la inteligencia y conocerse a sí mismos. El proyecto educativo de Maximiliano estableció que la educación primaria sería obligatoria y que serían sancionados monetariamente los padres que no enviaran a sus hijos a recibir instrucción. No obstante, el decreto del 16 de septiembre de 1865 por el cual se establece la Escuela Imperial de Servicios Públicos, es el documento en donde el emperador plasmó sus ideas sobre la educación. En esta escuela se prepararían a aquellos interesados en servir en la administración pública. La ley en la materia, antes mencionada, se estructuró con cinco títulos, 20 capítulos y 172 artículos. Se destaca que el artículo tercero señaló que la educación primaria sería obligatoria y el artículo cuarto establecía su gratuidad.

Empero, el título tercero que estaba dedicado a la educación secundaria (artículos 7 al 138) era el más largo de todos, por lo que se percibe que este era el “tótem” de todo el sistema educativo” (p. 157). Así, no es ocioso soslayar que Maximiliano clausuró la universidad porque creía que ahí se formaban los grupos proclives al conservadurismo. En dicha ley, los estudios superiores se reglamentaron en cuatro artículos que se dividieron en estudios de una facultad mayor -que conducía a una carrera literaria- y los estudios profesionales –que era una carrera práctica-. Con todo, la Ley de Instrucción y el proyecto educativo del Habsburgo fue de los más ambiciosos, pero sus resultados no fueron los esperados por el breve tiempo del régimen.

Sobre esta misma asignatura, Rosaura Ramírez Sevilla e Ismael Ledesma Marcos examinan los aspectos educativos del imperio. La Ley de Instrucción estableció tres niveles de enseñanza: primaria, secundaria y superior de facultades. A pesar de que el ordenamiento establecía la gratuidad del nivel primario, también se establecieron condiciones para que aquellos que no pudieran sufragar los gastos de estudios posteriores quedaran exentos (p. 181). Los estudios secundarios, que duraban entre siete u ocho años, debían atender los siguientes contenidos: lengua castellana y su literatura, lengua latina y su literatura, lengua griega y su literatura, historia y geografía, historia natural y física, matemáticas, lógica, metafísica y filosofía moral, idiomas (francés e inglés), dibujo, caligrafía, taquigrafía, tecnología, historia de la literatura general; en fin, teneduría de libros. Los establecimientos que brindaran el primer periodo de la educación secundaria (cuatro años) recibían el nombre de Liceos y aquellos responsables del segundo periodo se llamarían Colegios Literarios o Colegios de Artes (p. 182). Los autores de este capítulo señalan que la ley, vigente solo en el territorio bajo el dominio total del ejército francés, intentó homogeneizar la educación, pero la desigualdad imperante y la efímera duración de la corona hizo que el proyecto naufragara.

Finalmente, el capítulo que cierra la sección “Leyes educativas y sanitarias”, es el de Magdalena Martínez Guzmán: “Proyecto de Reglamento de Hospitales y Servicios de Sanidad Militares por el emperador Maximiliano”. En él se estudia el proyecto de reglamento en materia de hospitales y sanidad para el ejército, compuesto por 73 artículos, que apareció en el Diario del Imperio el 20 de diciembre de 1865. En este documento se hace una clasificación de los hospitales: permanentes (aquellos establecidos en tiempos de paz y guerra para atender a los enfermos) y temporales (destinados a las tropas militares, divisiones o brigadas para que estas continuarán con sus movimientos y recibieran los primeros auxilios). Ambos tipos de hospitales serían especiales si se dedicaban atender una sola enfermedad. El articulado de esta norma menciona las formas de administración y sus responsables, como los artículos 14 al 19 que están dedicados al manejo de los hospitales, su contabilidad y administración interior. Esto es así porque Maximiliano, durante sus años de estudio, abrevó de la tradición administrativa francesa. Además, al emperador apoyó la investigación científica militar. El proyecto de reglamento también atendió a los soldados en edad avanzada –a quienes brindó una pensión y atención médica- y a los inválidos, quienes serían recibidos en institucionales especializadas. La autora expresa que conservadores y liberales resultaban sorprendidos por las propuestas en materia de sanidad y medicina de Maximiliano.

La sección más larga del libro es la que se refiere a la legislación departamental y municipal del Segundo Imperio. En esta se integran ocho capítulos escritos por igual número de autores. El primero de ellos, “Organización municipal durante el Segundo Imperio. Un análisis de la legislación” de María del Carmen Salinas Sandoval, analiza la legislación que organizó a los municipios y el funcionamiento y las obligaciones de sus autoridades. El conjunto de instrumentos legales sobre este tema es amplio; ahí se encuentran 12 documentos, entre otros, el ya mencionado Estatuto Provisional, el Decreto de Organización del Ministerio de Gobernación y sus Dependencias, la Ley Orgánica sobre la Administración Departamental Gubernativa, la Ley Electoral de Ayuntamientos y las Garantías Individuales de los Habitantes del Imperio. Los municipios tuvieron peculiaridades en los años del imperio, ya que se articulaban con el Ministerio de Gobernación por medio de los prefectos políticos, se separaban el alcalde y el ayuntamiento, la elección de los ayuntamientos era popular directa para que sus decisiones contaran con legitimidad y se procuró el establecimiento de comisarios municipales en las poblaciones menores a tres mil habitantes. El segundo capítulo, “La legislación del Segundo Imperio”, de José Herrera Peña, explica la aplicación de las leyes de Maximiliano en el Departamento de Michoacán en el contexto de la vigencia de dos órdenes normativos: la Constitución de 1857 y el Estatuto Provisional. Más aún, en este capítulo se encuentra una crónica pormenorizada de los sucesos ocurridos en dicho territorio, desde la visita de los emperadores en octubre de 1864, hasta los “canjes” de soldados prisioneros por los bandos liberal y conservador en los momentos de guerra.

Enseguida, el texto de Humberto Morales Moreno, “La acción legislativa del cabildo poblano en tiempos de ocupación imperial: 1863-1867”, analiza la resistencia poblana a las fuerzas invasoras y el desempeño de estas al tomar posesión de la ciudad: procesos legislativos locales, decisiones, apoyos y vetos, todo ello en el marco de la definición de un proyecto nacional único, ya fuese republicano –liderado por Juárez- o monárquico -con Maximiliano y los franceses a la cabeza-. Por su parte, Carlos Armando Preciado de Alba escribe “Aplicaciones en Guanajuato de la legislación del Segundo Imperio”, en donde pasa revista a la estructura administrativa pública existente en Guanajuato y los proyectos que en esa entidad federativa se implementaron para hacer de ella un espacio próspero y, en la medida de lo posible, pacífico. En el capítulo se reflejan aspectos sobre minería, instrucción pública, higiene e instituciones de salud, seguridad pública y reglamentación contra fiestas, diversiones y otras prácticas censuradas por la moral. Jaime Salazar Adame emprende la tarea de examinar la legislación territorial del Segundo Imperio en Guerrero, considerando la división política de la época (tres departamentos: de Iturbide, de Guerrero y de Acapulco) y la división militar del territorio (ocho divisiones militares). Finalmente, tres autores estudian las condiciones, coyunturas y circunstancias de una tríada de estados norteños: Héctor Jaime Treviño Villarreal (Nuevo León), Zulema Trejo Contreras (Sonora) y Arturo Román Alarcón (Sinaloa).

El último tema al que se le dedica atención en el libro es el de la legislación social, en donde aparecen escritos de Eugenia Revueltas, José Arturo Filigrana Rosique y José Manuel Alcocer Bernés. La primera autora presenta un estudio sobre la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, cuya tarea sería proteger a los grupos que tuvieran en común la pobreza, las carencias y la injusticia, sin hacer distingo entre indios, ladinos, campesinos y jornaleros. Por otra parte, Filigrana Rosique dedica su escrito a los impactos de la Ley Agraria de 1864 y de la Ley de Colonización y su Reglamento (que disminuía la sujeción de los peones a las haciendas y obligaba a los patrones a pagar en moneda corriente). Por último, Alcocer Bernés atiende el tema de la legislación (ordenanzas) en favor de los indios mayas en la península de Yucatán.

La publicación de esta obra colectiva nutre la historiografía mexicana y, particularmente, la del siglo XIX. El examen agudo y serio de los años del Segundo Imperio, alejado de la denuncia ideológica febril y de la exaltación entusiasmada, es necesario para comprender la formación de México con sus características políticas actuales: republicano, federal, democrático y laico.

Contacto del colaborador:
Eduardo Torres Alonso [ sr.mostacho@gmail.com]